Continuando a reflexão acerca da situação espanhola no âmbito da tecnologia, ciência e inovação, o "El País", de hoje, aprofunda o seu diagnóstico implacável.
"España es un 20% menos rica por la falta de inversión en I+D
El conjunto de las empresas privadas 'tira' de la investigación mucho menos que la media de los países de la Unión Europea
El salto adelante que propone el Gobierno sólo tendrá éxito si la empresa privada abandona su tibieza investigadora y acompaña a los poderes públicos en ese esfuerzo extraordinario. España precisa, desde luego, de una mayor y mejor financiación pública, pero, sobre todo, de una cultura empresarial de compromiso con la investigación aplicada.
El fútbol goza de mayor relevancia social en España que la ciência
La mayoría de los ejecutivos no ve en la Universidad un motor de desarrollo económico
La tibieza investigadora de la empresa privada obliga al sector público a cargar con el esfuerzo
Aunque produce más trabajos científicos que los EE UU, la Unión Europea tiene un nivel de productividad empresarial sensiblemente inferior. Es la denominada "paradoja europea" que tanto preocupa a los economistas y a los políticos comunitarios. En el caso español, puede hablarse de la misma paradoja europea pero elevada al cuadrado. Resulta que con el 8% del PIB de la Comunidad Europea y el 2,7% de todas las publicaciones mundiales, España apenas dispone del 1% de las patentes de la UE. El déficit investigador en el sector empresarial -sólo uno de cada cinco científicos españoles trabaja en el sector privado- hace que nuestro país se sitúe en el pelotón de cola europeo también en número de investigadores (5 por cada 1.000 habitantes, la mitad que Suecia), por delante únicamente de Grecia, Portugal e Italia.
Admitido que, como establece en su informe la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), el apoyo de los poderes públicos a la investigación en nuestro país ha estado caracterizado por la falta de continuidad, sujeto a la oportunidad que brindaban los momentos de bonanza económica presupuestaria, la principal falla del sistema es la debilidad de la inversión empresarial en este terreno. Lo dicen los diagnósticos de los expertos. Porque, con las objeciones que se quiera -"la política de ayudas fiscales sólo beneficia a las compañías con beneficios", "habría que liberar a las empresas de los pagos de la Seguridad Social durante 10 años, como en Francia"-, lo cierto es que España cuenta con un marco de incentivos favorable. De hecho, las empresas pueden desgravar hasta el 35% de su gasto en investigación.
Más aún: la política de subvenciones a la investigación empresarial ha resultado globalmente un fracaso y no faltan los casos en los que las compañías subvencionadas han destinado el dinero a otros menesteres, o se han limitado a invertir únicamente el dinero público destinado a I+D, vulnerando el principio de cada euro del erario público sea correspondido con otro de la empresa.
En el proyecto Ingenio 2010, con el que el Gobierno central pretende darle la vuelta a esta situación, se alude al problema en términos más delicados -"nuestro tejido industrial no aprovecha suficientemente el conocimiento generado por nuestro sistema de I+D"- que los que emplea el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez: "Hay que actuar urgentemente sobre la grave e histórica dificultad para integrar a las empresas en la I+D+i y sobre sus serias deficiencias para convertir los resultados científicos en beneficios económicos y sociales".
¿Cómo conseguir el objetivo, modesto en relación a los de los otros países de la UE, de que la participación empresarial alcance en 2010 el 55%, al menos, del total de la inversión en I+D? Según la fundación para la investigación tecnológica, Cotec, que reúne a 80 empresas coordinadas por el ex presidente del BBV, José Ángel Sánchez Asiain, la inversión empresarial española crece en los últimos años al 13% anual y ya ha recortado sensiblemente su diferencial con la media europea, aunque, dado el enorme retraso existente, ese objetivo no se alcanzará al ritmo actual hasta dentro de dos décadas.
Un país que no crea emprendedores
La primera explicación viene de la mano del propio tejido industrial. España tiene pocas empresas con capacidad de invertir grandes sumas en I+D puesto que el 99% de su parque empresarial lo componen las pequeñas y medianas compañías. Por necesidades evidentes de la competencia exterior, las grandes firmas invierten, por lo general, mucho más que el porcentaje medio, pero como en conjunto son pocas, la suma resultante es extremadamente baja.
"Además", subraya Isabel Lozano, directora de PharmaMar, "la estructura empresarial en España está centrada en el sector servicios, el turismo, todavía en expansión, que, por lo visto, no exige grandes esfuerzos en I+D". Tampoco el negocio de la banca -España cuenta con bancos poderosos y de presencia internacional- parece requerir elevadas inversiones en este terreno. "En lugar de una cultura de riesgo, lo que tenemos es un enorme miedo al fracaso que frena las iniciativas", comenta Cristina Garmendia, presidenta de la Asociación Española de bioempresas (Asebio) y directora de Genetrix.
¿Qué hay que hacer para lograr que las 2,5 millones de medianas y pequeñas empresas existentes -sólo el 24% tiene su propio sitio en Internet-, se aprovechen de un sistema que, como reconocen los expertos de la OCDE, dispone de centros públicos de investigación de primera línea? Su concurso es decisivo porque sostienen más del 70% de los puestos de trabajo y son ellas las que cargan con el peso de la economía.
Un primer obstáculo parece ser la falta de cultura emprendedora. "Tenemos un país que no crea emprendedores, ni fomenta la crítica constructiva. Tampoco hemos aprendido a ser heterodoxos y así es muy difícil que salgan los grandes creadores", comenta Salvador Ordóñez, secretario de Estado de Investigación. "Decididamente, la educación española no estimula la investigación. La ciencia habrá ganado en España el día en que los científicos ocupen parte del protagonismo que tiene el fútbol", apunta Joan Guinovart. Entre la comunidad científica hay una abierta crítica a la cultura del pelotazo, del dinero fácil y el mínimo esfuerzo, al hábito de popularizar a personajes de dudoso mérito y de mantener a la sociedad entretenida en el cotilleo y la frivolidad vacía.
¿Resulta ocioso o demagógico preguntarse por qué cualquier ciudadano, no necesariamente inculto o iletrado, puede nombrar de corrido a personajes y personajillos de las farándulas televisivas y de la prensa del corazón pero es incapaz de aportar el nombre de un solo investigador? ¿La ciencia en España sigue siendo un problema de cultura colectiva, tal y como dejó escrito Ramón y Cajal después de haber reflexionado largamente sobre el asunto?
Esperar a que innoven otros
Mientras la versión optimista confía en que habrá dinero privado para invertir, la pesimista se remite a la experiencia de estos últimos años y concluye que el inversionista español seguirá pensando en la ganancia rápida, mirando a las construcciones que pueblan el sur y el levante costero español. "No hay inversión privada, pero yo creo que sí hay interés. Lo que pasa es que las empresas españolas de biomedicina, por ejemplo, somos muy jóvenes y, salvo casos contados, todavía no hemos tenido tiempo de demostrar que invertir en nosotros puede ser un buen negocio", señala Cristina Garmendia. "Al capital hay que presentarle expectativas de ganancia, porque no olvidemos", subraya, "que esto también es un negocio".
Hay comportamientos, sin embargo, que vienen a galvanizar los ánimos de los científicos. Constituidas como fundación privada, cinco empresas ajenas al sector farmacéutico: El Banco Santander, La Caixa, el Corte Inglés, Inditex y PRISA se han comprometido a aportar en los próximos 10 años, un total de 170 millones de euros, el 40% de la inversión total, para convertir al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en el principal instituto de investigación cardiovascular de Europa. El nuevo CNIC estará dirigido por el cardiólogo Valentín Fuster, actual director del Instituto Cardiovascular de la Mount Sinai School of Medicine de Nueva York. También el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra (CIMA), que da trabajo a 300 científicos de 16 países, constituye igualmente una valiosa apuesta del capital privado.
"El problema de la investigación empresarial", explica Joan Esteban, del Instituto de Análisis Económico, "es que mientras los costes son inmediatos, los beneficios son futuros e inciertos ya que nada ni nadie te asegura contra la posibilidad de que la competencia se te adelante y patente el invento. Las grandes empresas pueden diversificar la investigación internamente y asegurarse un promedio de rentabilidad, pero las pequeñas y medianas", subraya, "se enfrentan a un riesgo que consideran excesivo y no invierten porque creen que les sale más a cuenta esperar a que innoven otros". El "síndrome de la virginidad estatal", la idea de que lo público se prostituye forzosamente al contacto con lo privado, ha retrasado la puesta en marcha de fórmulas de colaboración provechosas que permitan a las empresas adquirir tecnología reduciendo notablemente el riesgo de la inversión en I+D.
Torres que se desploman
Claro que el paso previo, elemental, es conseguir que todas las pequeñas y medianas compañías -solo el 36% de las que tienen menos de 10 empleados disponen de Internet- estén conectadas a la sociedad de la información. Dentro también del plan nacional de investigación a aplicar en la presente legislatura, el Gobierno ha destinado 200 millones de euros a los proyectos tecnológicos de cooperación entre empresas y universidades u organismos públicos. La casi totalidad de ese dinero serán créditos reembolsables, pero está vez se pretende que la obligatoriedad de presentar avales por el valor de los créditos deje de ser un obstáculo. Así y todo, los jóvenes investigadores se quejan de que las ayudas públicas van dirigidas a los proyectos y científicos consolidados y que no ofrecen una verdadera oportunidad a los que empiezan desde abajo.
Tim Smithers, director del programa robot Mirela, uno de los experimentos presentados junto al proyecto Ingenio 2010, vino a San Sebastián hace 12 años siguiendo los pasos a una becaria española, hoy su mujer, que hizo su curso de posgraduado en Inglaterra. Pese a su experiencia y su formación en Cambridge, el británico no ha logrado una plaza de catedrático en la Universidad del País Vasco, debido, dice, a los obstáculos burocráticos que impiden, generalmente, a los extranjeros acceder al sistema académico español. Da clases en la Escuela de Ingenieros y sólo dedica unas horas semanales a ese proyecto estrella: un robot que responde al lenguaje universal de las notas musicales.
Su diagnóstico no es diferente al de sus colegas españoles. "En España hay gente buenísima que está en lo más alto, pero falta la estructura, la pirámide, y no hay masa social suficiente. Los grupos dependen muchísimo del jefe y si éste se larga, por ejemplo, a EE UU, la torre se viene abajo. El orden jerárquico es muy riguroso y a la gente nueva que empieza no le llega el dinero. No hay cultura de investigación aplicada a la empresa, ni una relación fuerte entre universidad e investigación. El investigador está en la universidad o en el centro tecnológico, no en la empresa, y el profesor universitario vive volcado en la publicación de su trabajo. Ahí, se acaba todo. Como la empresa no participa, tampoco se sabe qué es lo que necesita".
No es la ciencia por la ciência
Esa es, precisamente, la pregunta que la Fundación C Y D (Conocimiento y Desarrollo), constituida por un grupo de empresas españolas en diciembre de 2002 bajo la presidencia de Ana Patricia Botín, ha planteado a 404 directivos. La conclusión no deja en buen lugar a la Universidad española, puesto que la mayoría de los ejecutivos no ven en ella a un motor de desarrollo económico, ni creen que su organización actual facilite esa función. En general, la empresa reprocha a la Universidad que forme titulados ignorando los criterios de practicidad y aplicabilidad que demanda el tejido industrial.
"La finalidad no es la ciencia por la ciencia, sino su aplicación para el provecho de la sociedad", proclaman. Según esas opiniones, la Universidad no aporta una formación sólida de contenido científico y de aplicaciones polivalentes, tampoco potencia suficientemente los contenidos técnicos, ni fomenta el buen conocimiento de los idiomas modernos, la informática y la actividad comercial. Como dejó escrito Louis Pasteur (descubridor de la vacuna): "No hay ciencia básica y ciencia aplicada, lo que hay es aplicación de la ciencia". Y a su vez, es cierto también que los doctores universitarios no acostumbran a ver en la empresa una salida profesional y que muchas compañías no valoran, en absoluto, la titulación.
"Las universidades están obligadas a asumir nuevas funciones, en la medida en que la economía de la innovación permanente les asigna un papel protagonista. Tienen que interrelacionarse con el sector productivo y crear sus propias empresas", destaca el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez. "Debemos combatir la idea de que la docencia es la misión más genuina de la universidad (...)". "Docencia e investigación son actividades complementarias. Todo profesor debe investigar e impartir docencia", se indica, a su vez, en el informe que los científicos han presentado al Ejecutivo.
La rentabilidad social del I+D
También Isabel Lozano, directora de PharmaMar, la empresa del grupo Zeltia especializada en el descubrimiento y desarrollo de fármacos de origen marino, opina que el investigador tiene pocos incentivos para meterse en un proyecto empresarial. "En general, no tiene acceso al capital para financiar proyectos. Si en Zeltia hemos conseguido créditos", dice, "es porque contamos con bienes tangibles y empresas químicas de liderazgo y gran consumo. De los 325 millones de euros que hemos invertido desde 1986, un 5% corresponde a ayudas públicas, pero lo hemos utilizado muy bien y no nos hemos arrugado ante las multinacionales. Creo que se ha demostrado que con perseverancia en la investigación y la inversión y centrándose en un área concreta se puede dar la batalla y eso que crear un nuevo fármaco exige normalmente una inversión de 800 millones de dólares y más de 10 años de trabajo". El de Zeltia, empresa que se ha internacionalizado y ha salido a Bolsa es, efectivamente, un raro ejemplo, porque la característica de la empresa española es que aunque mejora su tecnología de producción, no elabora nuevos productos con la intensidad con que lo hacen la mayoría de las europeas.
Para incentivar a las empresas, Joan Esteban propone que las empresas que cotizan en Bolsa tengan que elaborar balances de su capital tecnológico y presentarlos junto a sus resultados contables. De acuerdo con sus análisis, las ayudas públicas van dirigidas preferentemente a las grandes empresas y no verdaderamente a las que las necesitan. "La explicación de la ineficiencia de la política llevada hasta ahora es que las decisiones públicas están fuertemente influidas por los grupos de presión que forman las grandes compañías", indica.
El tamaño de la empresa media española y su tibieza investigadora parecen condenar a las Administraciones públicas a cargar con el mayor peso de la inversión, pero ¿hasta qué punto se justifica la transferencia de dinero público a entidades privadas, no es también una manera de contaminar la libre competencia? La respuesta de los expertos es que esa inversión pública está plenamente justificada. "Es evidente que la inversión en I+D y en capital humano desempeña un papel clave en el crecimiento económico, lo que ocurre es que en este caso el mercado tiene dos fallos importantes que justifican el apoyo público. En primer lugar, el retorno que obtiene la empresa generadora de conocimiento es inferior al retorno que obtiene la sociedad. Y en segundo lugar, el riesgo de que la investigación no alcance su objetivo es tan grande que resulta necesario dotarle de una prima muy alta", indica Isabel Lozano.
"La rentabilidad social del I+D es muy superior a los beneficios privados que produce, muy particularmente en España", subraya, asimismo, Joan Esteban. "La investigación tiene la naturaleza de bien público porque la mayor parte del beneficio que genera trasciende ampliamente al ámbito de la empresa para situarse en el resto de la industria y en el conjunto de la sociedad. Según nuestro estudio, si desde 1970 España hubiera invertido anualmente en I+D el mismo porcentaje del PIB que la media de los países de la OCDE, hoy tendríamos un 20% más de renta per cápita".
JOSÉ LUIS BARBERÍA
EL PAÍS - España - 18-10-2005
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